En el año 1999, caso el 16% de los titulares de las explotaciones en España era menor de 41 años. En 2020 esta cifra ya había bajado al 9%. En el otro lado de la balanza, los mayores de 65 años en este mismo periodo de tiempo (1999-2020) pasaron del 35,3% al 41,3%, lo que los sitúa ocho puntos por encima de la media europea.
La evidencia del dato parece tener una explicación oficial más o menos transversal: los jóvenes abandonan el campo y no quieren trabajar la tierra. Esta explicación tiene una gran ventaja competitiva: como son los jóvenes en su conjunto los que no quieren trabajar la tierra, ¿para qué vamos a arreglar nada? Convertimos así un problema estructural, en uno generacional, con el problema que el relato no encaja con la realidad.
Si este no es un problema de voluntad o vocacional, ¿de qué se trata? Como casi siempre cuando hablamos del mundo rural, las cosas nunca son tan simples como parecen a simple vista. Primero debemos hablar sobre la propiedad en sí, que está fragmentada, envejecida, en muchos casos sin cultivar y no se puede vender o arrendar. Pero si se da con esa tierra, el capital de entrada para que una explotación sea viable no queda cubierto con una ayuda pública de primera instalación. Por último, tenemos el horizonte temporal: un arrendamiento limitado, por ejemplo, a cinco años no permite planificar una plantación, una inversión de riego o una mejora de suelo. Decisiones que, en muchos casos, implican una o dos décadas.
Para paliar este problema de acceso a la tierra, apareció la iniciativa de los bancos de tierras, una solución que sobre el papel era exactamente lo que se necesitaba. En enero de 2026 se anunció “Tierra joven”: 17.000 fincas rústicas públicas movilizadas en una plataforma nacional cuya misión era centralizar la oferta y la demanda y, en un futuro muy cercano, la iniciativa quedaría complementada con la Oficina de Transmisión de Tierras en la Ley de Agricultura Familiar.
La primera lectura fue, sin duda, la política antes que la técnica tachándose de “engañe al campo” y se ser una simple copia de iniciativas anteriores que no funcionaron, sin entrar en la posibilidad de que esta vez sí podía funcionar. Despachar esta reacción legítima como simple ruido, sería un gran error, ya que hay una coherencia entre la reacción y algo real y palpable que la medida no atendió.
El banco de tierras propuesto no toca un activo, si no que toca la propiedad y la herencia, que en el mundo rural no es una cartera de inmuebles expuesta en la vitrina de una inmobiliaria, sino toda una biografía familiar. Un legado recibido de un padre o abuelo, que en el futuro podrían recibir unos hijos o nietos. Cualquier instrumento que se acerque a este terreno generará la misma pregunta.
Una misma medida, como la que centra este artículo, puede leerse como puerta de entrada o como amenaza, dependiendo quién sea su autor, cómo nombre lo que está tocando o alterano y qué garantías proponga sobre lo que no va a hacer. Esa es la diferencia entre movilizar 17000 fincas rústicas y tener 17.000 fincas en un portal del gobierno con poco tráfico.
Pero pongamos las luces largas. Quien hoy accede a la propiedad agraria con 30 años, será quien decida sobre el futuro de los cultivos, el manejo y eficiencia del riego, las cubiertas vegetales o el estado del suelo agrícola en el año 2050. Todas estas acciones y políticas de adaptación se ejecutan una por una a través de decisiones privadas. La política de relevo en el campo es una política climática que nadie percibe como tal y la política climática sin relevo generacional, es otro documento sin capacidad de incidencia.
Podemos redactar el mejor plan de adaptación de Europa, que si no es ejecutado por aquellos jóvenes que acceden ahora a la propiedad, será simple papel mojado.