Vivimos una transición que transforma territorios y modos de vida. Para algunos, son demasiado lentos; para otros, demasiado rápidos y la transición ecológica es parte de esa discusión. Muchas tensiones se materializan en conflictos socioambientales, que no son choques ideológicos, sino disputas materiales que afectan a comunidades rurales enteras. Confundirlos con la polarización política, empobrece el diagnóstico y termina en bloqueos.
El sector primario y la industria agroalimentaria representan casi el 9% del PIB y el 11,3% del empleo, según datos del IVIE de 2023, y sostienen la economía y la vida de las comunidades rurales, la identidad territorial y nuestra seguridad alimentaria. El sector y con él las áreas rurales, ocupan el centro de los conflictos: problemas en el reparto del agua, tensiones por las cuotas de pesca, resistencia a los proyectos de renovables, contaminación de acuíferos por nitratos, nuevas explotaciones mineras…
Un conflicto socioambiental surge cuando los usos del territorio, intereses económicos y límites ecológicos colisionan y generan impactos tangibles. Son complejos y multicausales. Su origen puede ser crónico o puntual. Lo importante son las consecuencias: acuíferos contaminados, degradación del entorno, pérdida de cuotas de pesca, amenaza a la viabilidad agrícola o la alteración del paisaje, entre otros.
La polarización del debate político o climático convierte cualquier materia en una cuestión de estar “a favor” o “en contra”, sin matices. Los conflictos socioambientales no responden a esta lógica: un agricultor que reclama agua para su explotación no está negando la crisis climática; está exigiendo un reparto equitativo y garantizar la viabilidad de su actividad. Un pueblo que se opone a un parque fotovoltaico, puede hacerlo por la preocupación de perder suelos agrícolas o por el impacto que pueda tener en el entorno, pero ¿rechaza la transición energética? Leer estos conflictos solo en clave de polarización, deslegitima demandas que deberían ser escuchadas con atención y erosiona la confianza para lograr soluciones.
Debemos analizar cada conflicto socioambiental como una oportunidad para la negociación en el que las trincheras queden fuera de la mesa de trabajo. La mediación debe implicar del primero al último de los actores, diseñando esquemas de compensación territorial, garantizar la participación de manera transparente, efectiva y vinculante y debemos hacerlo en primera persona, de tú a tú, en las comunidades. La dimensión material del conflicto requiere dejar fuera cualquier lectura política o ideológica para centrarnos en aquello que une: la defensa del bien común y la prosperidad para las comunidades.
Separar la polarización política del conflicto socioambiental no es solo una cuestión terminológica; es una condición para avanzar. La salida a la encrucijada está en poner a prueba mecanismos de mediación y resolución, que integren soluciones técnicas y económicamente viables que garanticen la viabilidad y prosperidad de las comunidades. Si el objetivo compartido es la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y mantener la España rural viva, debemos escuchar qué se reclama, por qué se reclama y dar las respuestas correctas al problema, evitando la tentación de reducirlos a simples batallas ideológicas.