Cada año se aprueban nuevas normativas, se publican informes y se invierten millones en programas de transición ecológica. Nunca se habían invertido tantos fondos públicos en la adaptación del sector primario, pero nunca el campo había mostrado tanto rechazo.
Un estudio de abril de 2026 de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos sobre la percepción de la agricultura familiar ante la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo, concluye que la oposición a la Agenda 2030 y el Pacto Verde no se debe tanto a su propósito o contenido, sino a la brecha entre esas políticas y la forma en que son aplicadas.
El error del diagnóstico y la respuesta técnica
Cuando emerge un conflicto, el análisis habitual se centra en los mismos puntos: ha fallado la comunicación, hay una resistencia al cambio o bien hay un choque ante los intereses económicos. El remedio, pues, es el mismo: más información, más comunicación y más formación. Pero tanto el diagnóstico como la receta pueden ser incompletas y no actuar para corregirlo es perpetuar los errores.
En la mayoría de los casos, la resistencia rural a las políticas climáticas no tiene como origen la ignorancia o el negacionismo. Se trata de una respuesta racional a la experiencia de recibir normativas que no han sido diseñadas desde el territorio, no cuentan con la comprensión de las diferentes realidades y que se perciben como riesgos reales a la viabilidad de las explotaciones.
En mayo de 2025 vio la luz un estudio realizado por el Centro de Estudios Ambientales de Vitoria-Gasteiz en Álava en 2022. Reveló que solo el 5% de los agricultores encuestados consideraba que la PAC de 2023 tendría efectos positivos sobre sus explotaciones. El dato interesante aquí es que el 81% de los agricultores encuestados había incorporado prácticas sostenibles en sus explotaciones. Este dato nos da muchas pistas sobre qué está sucediendo.
Lo que los datos no captan: la respuesta emocional
Los conflictos socioambientales en el sector primario tienen una dimensión técnica muy visible: el reparto del agua, los precios, la aplicación de las normativas de la Unión o la competencia de terceros, por citar algunos. Bajo la superficie hay algo mucho más difícil de cuantificar y determinante para el éxito o fracaso de cualquier actuación en materia medioambiental y de adaptación y resiliencia.
La identidad rural es un patrimonio vivo construido sobre valores como la autonomía, el legado familiar, el conocimiento del territorio y el esfuerzo de las generaciones pasadas. Si una política es vista como una amenaza a esa realidad y, por extensión, a esa identidad rural, lo que se activa no es una respuesta técnica, sino emocional.
¿Qué podríamos cambiar?
Las políticas climáticas que han funcionado son las que han transformado asegurando el futuro en las áreas rurales. Son aquellas diseñadas desde el territorio y no solo para el territorio. Son las que superan la aceptación para convertirse en un factor con el que el territorio se siente identificado.
No se trata de realizar únicamente consultas formales o procesos de participación cuando las decisiones ya se han tomado. Se trata de comprender las narrativas, los actores de confianza y los marcos culturales que condicionan la llegada de cualquier mensaje. En definitiva, hay que escuchar y permitir que sea ese territorio el que propone.
Las organizaciones y administraciones que toman esta decisión logran algo muy valioso: la generación de alianzas reales con aquellos que aplicarán la transición en el día a día.
Insistir en las dinámicas habituales tiene dos consecuencias. La primera es la más visible: el conflicto emergido y las inmensas dificultades para superarlo. La segunda es más profunda y difícil de tratar: ahondar en la desconfianza y en las narrativas de la desconexión emocional.
Más allá de lo técnico
El mundo rural no está pidiendo menos ambición climática. Está pidiendo formar parte de ella. Y mientras sigamos diseñando políticas para el campo en lugar de con el campo, cada nuevo plan —por bien financiado que esté— sumará un escalón más a esa desconexión que hoy amenaza con hacer inviable la propia transición.
La pregunta ya no es si el sector primario aceptará la transición ecológica. La pregunta es si la transición ecológica entenderá que, sin el sector primario, no hay transición posible.